Parte II: La verdad sobre el bulo de las expropiaciones en Zonas Turísticas

Una vez aclarado que el Plan Supletorio de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana no establece la expropiación de aquellas personas que son propietarios de complejos turísticos y, por tanto, la afirmación realizada por ciertos políticos en la oposición no se ajustaba a la realidad, a continuación trataremos de arrojar algo de luz sobre la polémica de referencia. Para ello hemos optado por exponerlo a través de preguntas y respuestas directas, a fin de que resulte más fácil su comprensión. Asimismo, estimamos oportuno recalcar que la información aquí expuesta tiene por objeto aclarar una serie de cuestiones para orientar a los vecinos afectados, pero no de asesorarles jurídicamente de cómo han de proceder, para ello necesariamente deberán acudir a un abogado experto en la materia o a los funcionarios actuantes, a saber:

 

1) ¿Cuáles son las administraciones competentes en la elaboración del Plan General y la definición de las zonas catalogadas como uso turístico?

  1. El papel que juega el Ayuntamiento en el planeamiento urbanístico.

El Plan Supletorio de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana está siendo elaborado por el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública GESPLAN, ya que el ayuntamiento no era capaz de sacarlo adelante por sí solo. Si bien es cierto que el Equipo redactor del Plan General (Gesplan) ha mantenido una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de SBT, siendo partícipe éste de las decisiones que se han ido tomando al respecto durante su redacción y, por tanto, conocedor de primera mano de las decisiones adoptadas por el Equipo redactor.

A través del Plan General se propone si un establecimiento que ocupa un suelo de uso turístico podría convertirse en residencial.

2. El papel que juega el Cabildo en el planeamiento turístico.

Por otro lado, al igual que cada ayuntamiento dispone de un Plan General para ordenar el planeamiento urbanístico de su Ayuntamiento, el Cabildo también dispone de un Plan Insular de Ordenación (PIO) que regula el territorio a nivel insular. Además, el Cabildo es la administración competente que establece las zonas turísticas insulares a través del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTEOTI), por tanto, tiene mucho que decir respecto si un complejo turístico debería o no considerarse turístico.

En consecuencia, son estas dos administraciones las que se ocupan de determinar la clasificación y calificación del suelo, desde el punto de vista del planeamiento urbanístico en sentido estricto (Ayuntamiento) y desde el punto de vista del planeamiento turístico (Cabildo).

 

2) Si soy propietario de un apartamento o bungaló de uso turístico en el que estoy actualmente residiendo ¿me afectaría la supuesta expropiación que están denunciando algunas fuerzas políticas?

No, en tales términos.

Aquellos establecimientos que tienen consolidado el uso turístico-residencial no les sería de aplicación la ley citada anteriormente, salvo que opten por una reforma integral o demolición de dicho establecimiento para construir uno nuevo, pues en tales casos se reactivaría, primero, la licencia turística por la que se permitió en su momento la apertura del establecimiento y, segundo, la calificación del suelo donde se encuentra el inmueble.

En definitiva, tienen unos derechos consolidados como residencial que difícilmente una ley del Parlamento de Canarias, aunque tenga competencias para ello, pueda obligar a los propietarios a que les sea de aplicación la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

 

3) ¿Entonces por qué se dice que van a expropiar a los propietarios que residen en establecimientos turísticos?

El Parlamento de Canarias aprobó el 6 de abril de 1995, la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias; el 29 de mayo de 2013, la Ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias; y el 14 de mayo de 2015 el reglamento que desarrolla esta última (DECRETO 85/2015 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias).

La normativa de referencia recogen básicamente tres obligaciones, que en el presente caso nos interesa resaltar, a fin de explicarlo de una manera muy sencilla, a saber:

1-. Deber de conservación y rehabilitación de los establecimientos turísticos.

2-. Deber de atenerse al uso turístico.

3-. El principio de unidad de explotación.

Tales obligaciones son de debido cumplimiento para los propietarios que sean titulares de complejos turísticos de uso turístico exclusivamente.

Pues bien, para aquellos complejos alojativos de uso turístico exclusivamente, la Ley 2/2013 establece que si no se cumplen las dos primeras obligaciones antedichas, previo informe técnico acreditándolo, la administración requerirá a sus propietarios para que en un plazo prudencial reconduzca el incumplimiento de la obligación detectada. Si transcurrido el plazo no se ha llevado a efectos las actuaciones requeridas por razones injustificadas, se entenderá que la orden de ejecución ha sido desobedecida.

En tal caso, como último remedio, la administración actuante podría proceder opcionalmente de dos formas:

a) La ejecución subsidiaria por la administración pública, a costa del obligado, bien directamente, o mediante concurso convocado al efecto.

b) La renovación por sustitución del propietario. Esta opción significaría que se sometería a concurso público las plazas alojativas para su adquisición por un tercero (previa indemnización a los propietarios que incumplan las dos primeras obligaciones, a pesar de los sucesivos requerimientos previos de la administración para reconducir la situación).

En consecuencia, la alarma social creada trae causa de este precepto de la ley que es de aplicación para los establecimientos netamente turísticos, pero no para los consolidados como residenciales-turísticos.

4) Me han aconsejado presentar alegaciones al Plan General prometiéndome que así evitaré que me expropien ¿es cierto? ¿podré evitarlo?

No, no es cierto porque quien establece las expropiaciones es la citada ley (2/2013) aprobada por el Parlamento de Canarias que nada tiene que ver con el Plan General. De todos modos, recuerden que es una medida excepcional que recoge la ley para aquellos propietarios contumaces que contravengan de forma reiterada las obligaciones que se disponen en la misma y hablando siempre de establecimientos alojativos de uso turístico exclusivamente.

En cuanto a si lo podrían evitar, como acabamos de adelantar, no es de aplicación a los complejos consolidados como turísticos-residenciales, pero lo que podrían conseguir con la presentación de dichas alegaciones es que las administraciones competentes (Ayuntamiento y Cabildo) declaren ciertas zonas catalogadas hasta la fecha como turísticas, a uso residencial. Si los afectados consiguieran eso, se asegurarían que, en ningún caso, les fuera de aplicación la normativa en materia turística.

5) ¿Qué consecuencias llevaría aparejado la conversión de un establecimiento alojativo de uso turístico a residencial?

Si el Ayuntamiento y, posteriormente el Cabildo, mediante el preceptivo informe, estimaran favorablemente las alegaciones presentadas por los propietarios de tales plazas alojativas, implicaría que el Ayuntamiento se vería obligado a dotar de espacios públicos, en medio de Playa del Inglés, para acometer infraestructuras que contempla la normativa vigente para los suelos urbanos de uso residencial, tales como, parques, colegios, institutos, ambulatorios, etc.

Además, muchos de esos apartamentos o bungalós probablemente no reúnan los requisitos mínimos de habitabilidad que establece la normativa vigente, ya que entre otras razones, en la mayoría de los casos, estamos hablando de apartamentos o bungalós que no superan los 40 m2.

Por tanto, a riesgo de equivocarnos, nos aventuramos a adelantar que el Ayuntamiento, ni el Cabildo, van a estimar favorablemente muchas de esas alegaciones por las razones expuestas.

Por todo ello, podríamos llegar a tres conclusiones:

1ª. Que existe una ley del Parlamento de Canarias que establece una serie de obligaciones para aquellos propietarios que sean titulares de establecimientos alojativos de uso turístico exclusivamente, pero de momento, dicha ley no sería de aplicación para las personas que han estado residiendo de forma irregular en dichos apartamentos, ya que tienen unos derechos consolidados, entre otras cuestiones, porque precisamente el Ayuntamiento ha ido concediendo el padrón municipal a aquellas personas que lo solicitaban para residir en complejos turísticos aun contraviniendo la ley y las propias licencias otorgadas por el mismo Ayuntamiento y Cabildo.

2ª. Que los únicos que podrían neutralizar los efectos de la ley, que es aplicable para toda Canarias, sería el Ayuntamiento y el Cabildo, ya que son los competentes para modificar el uso o calificación del suelo.

3ª. Sin perjuicio de lo establecido, consideramos que el Ayuntamiento como último responsable, al estar concediendo padrones municipales en domicilios afectados por establecimientos alojativos de uso turístico, debería ofrecer, a los propietarios que lo soliciten y lo deseen, la posibilidad de ser realojados a zonas residenciales, a fin de que disfruten de los servicios mínimos y, además, puedan disfrutar de una vivienda que reúna los requisitos mínimos de habitabilidad que establece la normativa estatal.

Esta propuesta no conllevaría un alto coste para arcas públicas, ya que parte del mismo podría ser asumido, en concurso público, por el nuevo adjudicatario de la plaza alojativa, mediante la figura jurídica “sustitución del propietario”.

Parte I: La verdad sobre el bulo de las expropiaciones en Zonas Turísticas

Vista aérea SBTMe gustaría iniciar mi exposición manifestando que, como representante de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, estando en la oposición más absoluta, resultaría muy fácil y cómodo apoyar el rumor iniciado por el partido político “San Bartolomé también Puede” (marca blanca de “Podemos”) y hacer una campaña de oposición contra el Plan Supletorio de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana (el “Plan General”), y, por ende, situarme en contra del actual grupo de Gobierno municipal.

Sin embargo, vecinos y vecinas, a diferencia del resto de fuerzas políticas de la oposición, ni yo, ni la Organización a la que represento, ni mis compañeros, vamos a entrar en ese juego. Tampoco vamos a consentir que se engañe al pueblo tirajanero con argumentos falsos que carecen de cualquier fundamento jurídico que lo sustente.

Por tal razón, en un ejercicio de responsabilidad política y compromiso con nuestros vecinos y vecinas, considero que es preciso realizar una serie de aclaraciones sobre el bulo que se inició en las redes sociales y del que se han hecho eco los medios de comunicación regionales sobre unas presuntas expropiaciones que se llevarían a cabo si se aprobara el Plan General propuesto. A saber:

En primer lugar, en un ejercicio de irresponsabilidad, falta de conocimiento y rigor técnico desconcertante, digno de la “casta política” a la que tanto critican, la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, afirmaba públicamente en una reunión mantenida días antes, entre los concejales del Ayuntamiento y el equipo redactor del Plan General (GESPLAN), que no tenía ni idea de planeamiento y que no se había enterado de nada de lo que había explicado el equipo redactor, para unos días después, publicar el siguiente texto: “…El PGO prohíbe el uso Residencial de inmuebles o parcelas que se declaren finalmente Turística y su alquiler podrá ser sancionado o se gestionará por una empresa única…” sin pararse a pensar, en ningún momento, la imprudencia de sus actos, realizados con fines meramente partidistas. La ignorancia es muy atrevida, pero es especialmente preocupante cuando la imprudente es una representante pública que aspira a gobernar este Ayuntamiento.

En segundo lugar, ahora sí entrando en el fondo del asunto, trataré de explicar a los vecinos/as las consecuencias que llevaría aparejado la aprobación definitiva del PGO en relación a las supuestas expropiaciones que alega Podemos, a saber:

-. El PGO, actualmente en fase de aprobación, no establece NINGUNA medida para expropiar a las personas que residen en los establecimientos turísticos, simplemente, porque la ley no le otorga tales facultades.

-. Es el CABILDO quien establece las zonas turísticas insulares a través del Plan Insular de Ordenación (PIO) y las desarrolla mediante el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTEOTI). Es decir, si los vecinos de SBT residentes en complejos turísticos quisieran que a dichos apartamentos, bungalós, etc., se les diera un uso residencial, necesariamente, deberían dirigirse al Cabildo, pues es la institución que tiene competencia directa en dicha materia para modificar el uso turístico del suelo. Por cierto, dicha institución está gobernada por Nueva Canarias, PSOE y, casualmente, PODEMOS.

-. Además, Canarias dispone de una profusa normativa en las que se fundamenta los Planes Territoriales mencionados (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias y el Decreto 85/2015,de 14 de mayo, por el que se aprueba el Decreto 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias), así como la normativa Estatal, a través de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, por la que se establece, en resumidas cuentas y a efectos meramente didácticos, lo siguiente:

Que si se ha otorgado una licencia turística para la construcción de un complejo turístico a fin de desarrollar una actividad económica, no cabe la posibilidad de cambiar unilateralmente por cada uno de los propietarios su uso, si bien es cierto, que en este caso, dicha ilegalidad ha contado con la colaboración necesaria de los diferentes partidos que han gobernado en este ayuntamiento (PP-AV, PSOE y Nueva Canarias), pues otorgaban el padrón municipal a personas que se domiciliaban en los complejos turísticos, cuando era totalmente ilegal, de acuerdo con la normativa vigente ya en ese momento.

Si me permiten el símil, es como si permitiéramos que el propietario de un local comercial se pudiera empadronar en dicho local, como si se tratase de su vivienda habitual. A todas luces, resultaría evidente que sería un disparate contra el sentido común y, como no, desde el punto de vista jurídico-legal.

De todos modos, y en el hipotético caso que de repente cambiase el marco normativo de la Comunidad Autónoma y del Cabildo, a fin de que pudiera convertirse en uso residencial mucho de los complejos turísticos de este municipio, implicaría que el Ayuntamiento tendría que dotar de infraestructuras públicas a dichas zonas, tales como ambulatorios, colegios, institutos, parques, etc., en medio de la ciudad turística.

De igual manera, debemos destacar que, independientemente de que se apruebe el Plan General o no, los vecinos y vecinas que residan en complejos turísticos, deben ser conscientes que, a día de hoy, el Ayuntamiento es quien propone los cambios en la calificación del suelo y al Cabildo le corresponde pronunciarse al respecto con el preceptivo informe, especialmente, cuando el cambio que se plantea es de uso turístico a residencial. Por otro lado, las diferentes Corporaciones de este Ayuntamiento deben asumir su responsabilidad, pues a lo largo de estos años han estado concediendo el padrón municipal a ciudadanos con residencia en establecimientos turísticos, en contra de lo que la Ley establecía.

Por tanto, sugiero a los afectados que RECLAMEN y EXIJAN al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad ofreciendo una solución alternativa a los perjudicados y, respecto a la representante de Podemos, le rogaría, por el bien de todos, que se informe mejor antes de realizar una declaración de tal calibre sin medir las repercusiones de la misma, ya que quien podría neutralizar fácilmente las leyes de Ordenación del Territorial aprobadas en el Parlamento de Canarias sería el Cabildo Insular de Gran Canaria (Nueva Canarias, PSOE y Podemos), cambiando el uso de turístico a residencial de ciertos parcelas del municipio.

En consecuencia, en aras la brevedad y para ir concluyendo, aunque este asunto merece mucha más tiempo para su reflexión, les propongo a los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, especialmente a los afectados por esta burda manipulación, que no se dejen llevar por lo que les diga el primero que se les acerca, aunque diga ser profeta del nuevo Mesías y salvador D. Pablo Iglesias y, por supuesto, tampoco de mí, sino que antes, acudan al Ayuntamiento o a Gesplan (equipo redactor del Plan General) y contrasten la información con los funcionarios públicos a los que se le presume un conocimiento veraz, fundado y objetivo sobre su situación particular.

¿Y ahora qué?

Antes que nada me gustaría empezar estas líneas agradeciendo el apoyo recibidoALEJANDRO MARICHAL por nuestros votantes, concretamente a las 712 personas que han confiado en nuestro proyecto.

Asimismo, quiero agradecer a cada uno de los simpatizantes, afiliados/as y compañeros/as de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, que han confiado en nosotros y han trabajado duramente durante la campaña electoral.

No sé si es bueno o malo airear públicamente nuestras vergüenzas, reconozco que lo he estado dudando hasta última hora, pero al final he decidido hacer una reflexión en voz alta sobre aquellas cuestiones por las que considero que no hemos llegado a la meta, especialmente, porque creo que se lo merecen nuestros votantes y, por otro lado, porque de vez en cuando es bueno abrir las ventanas para que entre aire fresco. Así que sin miedo a recibir críticas, siempre y cuando sean constructivas, someto a discusión aquellas causas por las que, insisto, considero que no hemos llegado a la meta, a saber:

-. Éramos un equipo totalmente renovado y, por tanto, para muchos, desconocidos; a veces eso puede ser una ventaja, pero en nuestro caso probablemente haya sido una desventaja.

-. No existía un trabajo previo de oposición en los últimos cuatro años. A nadie se le escapa que la organización local, y me atrevería decir la organización a nivel insular, no ha sabido explicar a los ciudadanos las políticas llevadas a cabo por Coalición Canaria en Gran Canaria. En un porcentaje mínimo, por culpa del veto en los medios de comunicación que ha padecido CC en Gran Canaria, y en gran parte, por culpa de nosotros mismos; que no hemos sabido gestionar con acierto nuestras fortalezas, más bien al contrario, todavía seguimos lamiéndonos las heridas desde que Román Rodríguez y sus discípulos decidieran separarse de Coalición Canaria. Por cierto, hay que reconocerles una virtud y es que han sido capaces, como si de magia negra se tratara, de convertir a políticos trasnochados en políticos flamantes, simplemente haciéndose llamar “Nueva Canarias”. Cual camaleones han tenido la habilidad de ir camuflándose por la jungla política durante el paso de los años y seguir vendiéndose como un proyecto nuevo, cuando para muchos, son los de Coalición Canaria de toda la vida en un partido con nombre diferente; me quito el sombrero por Nueva o Vieja Canarias, como quiera que se llame, porque han sabido dar una mano de chapa y pintura a un coche antiguo y dar el pego de que huele a nuevo. Mucho tenemos que aprender en Coalición Canaria al respecto, aunque a fin de cuentas, soy de los que pienso que el nacionalismo debe estar unido, así que tiempo al tiempo.

-. División interna: A pocos meses de las elecciones parte de nuestro equipo decidió abandonar el barco y crear un nuevo proyecto alegando, entre otras cuestiones, que la marca nos perjudicaría, sin embargo, el destino es caprichoso y curiosamente le doblegamos en número de votos y con holgura. Es decir, si sumáramos los votos de ese partido de nueva creación y los nuestros, hoy día, estaríamos dentro del Ayuntamiento; una pena o no…

Ahora tenemos cuatro años para trabajar por nuestro municipio, y a pesar que no estaremos en el Consistorio para hacernos oír, estaremos en la calle, trabajando codo con codo con los habitantes de este municipio y, como no, con el apoyo del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria), vamos a exigir que se lleven a cabo muchas de las propuestas que llevábamos en nuestro programa para San Bartolomé de Tirajana:

1-. El Plan de Modernización promovido por el Gobierno de Canarias que hasta la fecha se ha centrado en los establecimientos alojativos, debemos hacerlo extensible para los espacios públicos de nuestra ciudad turística y, especialmente, para las áreas comerciales; donde se concentra, en su mayoría, la oferta no alojativa de San Bartolomé de Tirajana y, por tanto, los pequeños y medianos empresarios que representan gran parte de nuestra oferta turística.

2-. Impedir que muchos establecimientos alojativos sigan convirtiéndose en núcleos residenciales. Nos resta productividad, sin lugar a dudas.

3-. La regulación del “todo incluido”.

4-. Aprobar un Plan General de Ordenación (PGO). Sí señores/as, la redacción del PGO la ha asumido el Gobierno de Canarias, es decir, Coalición Canaria, porque nuestro ayuntamiento, por suerte para nosotros, reconoció que era incapaz de sacarlo adelante.

Pues en dicho Plan, desde Coalición Canaria, trabajaremos para solucionar dos problemas que nos preocupan especialmente:

4.1-. Dotar suelo para la promoción pública de nuevas viviendas a precios asequibles.

4.2-. Dar una solución urbanística legalmente viable, y a la vez lo más justa posible, para los vecinos de Lomo Los Azules, Lomo La Presa, Salobre y Montaña La Data.

Estas serán las líneas principales de nuestro plan de trabajo para los próximos cuatro años, no será fácil, entre otras cuestiones porque no gobernaremos en San Bartolomé de Tirajana, pero pondremos todo nuestro empeño, con el apoyo del Gobierno de Canarias, para intentar sacarlas adelante.